Videos de capacitación para Ley Karin, Decreto 40 y PLDAFT

Sí, como parte del programa de prevención: la Ley 21.643 exige a las empresas un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, junto con difundirlo y capacitar a las personas, y esa difusión debe poder acreditarse. Un módulo en video estandariza el mensaje y, distribuido por LMS, deja registro individual de quién lo completó.

El video no reemplaza al protocolo ni a la asesoría legal: los comunica de forma consistente y verificable. El contenido se construye sobre el protocolo ya definido por la empresa (o su asesor laboral), con revisión jurídica del guion cuando el cliente lo requiere. Conviene tratarlo como una pieza del sistema de cumplimiento, no como el sistema completo.

El DS 40 establece la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores sobre los riesgos laborales, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, la llamada ODI o "derecho a saber". En faenas con turnos, contratistas y rotación, sostener esa obligación con charlas presenciales produce versiones distintas del mismo contenido y registros frágiles.

La inducción en video entrega el mismo contenido en cada turno y cada sede, con evaluación y constancia por persona. Para industrias con fiscalización activa (minería, construcción, manufactura), esa consistencia es la diferencia entre un registro defendible y una colección de listas de asistencia.

Los sujetos obligados ante la UAF deben capacitar periódicamente a su personal en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y estar en condiciones de acreditarlo. Un programa modular en video (conceptos, señales de alerta, procedimiento interno de reporte) cubre la capacitación periódica con evaluación y registro por persona.

La ventaja operativa está en la repetición anual: el programa ya producido se reasigna cada período al personal nuevo y antiguo, y solo se actualiza el módulo afectado cuando cambia la circular o el procedimiento interno.

Porque convierte la capacitación en datos: quién vio qué módulo, cuándo, con qué resultado de evaluación. Ante una auditoría o fiscalización, el LMS exporta el registro completo por persona y por curso, algo que las charlas presenciales solo logran con disciplina administrativa perfecta.

Los módulos se entregan en formatos compatibles con Moodle, Talana, Buk y otras plataformas (SCORM o MP4 con evaluación en plataforma). Si la empresa no tiene LMS, el programa puede operar desde la intranet con mecanismos de constancia más simples, menos automático, igualmente documentable.

Un programa de compliance de 3 a 5 módulos se mueve entre USD 3.500 y 18.000 (aprox. CLP 3,2 a 16,4 millones); un módulo individual, entre USD 1.500 y 4.500 (aprox. CLP 1,35 a 4,1 millones). Las variables que mueven el rango: precisión legal requerida, revisión de abogados, número de módulos, interactividad y nivel de producción.

La inducción de seguridad (DS 40) por programa va de USD 3.500 a 10.000 (aprox. CLP 3,2 a 9,1 millones) según duración y trazabilidad requerida. Rangos orientativos, la cifra real sale del alcance; el detalle de cómo se construye está en la página de precios.

Un programa normativo típico toma entre 2 y 6 semanas desde la definición del alcance, según número de módulos y rondas de revisión legal. Es de los ciclos más rápidos en video corporativo, porque el contenido nace de una norma y un protocolo ya escritos, la creatividad está al servicio de la claridad, no al revés.

Cuando hay plazo regulatorio encima, el orden importa: alcance acotado primero, módulos críticos antes, complementos después. El diagnóstico ordena exactamente eso: situación, canal (LMS o no), duración y nivel de producción, con estimación orientativa por correo.